Escudo contra la inflación: El Gobierno congela el precio de los combustibles hasta enero de 2027
EnfoqueDigital2026 Mediante la promulgación del Decreto Supremo 5652, la administración de Rodrigo Paz extiende el periodo de estabilidad transitoria para los carburantes. La medida busca amortiguar el impacto del dólar flexible en el bolsillo ciudadano y define una fórmula de ajuste internacional para el próximo año.
LA PAZ — En una decisión política de alto impacto económico para contener las expectativas inflacionarias, el Gobierno del presidente Rodrigo Paz oficializó la promulgación del Decreto Supremo N.º 5652. Esta nueva norma determina de forma excepcional congelar el precio de todos los combustibles regulados en el país por seis meses adicionales, extendiendo el blindaje estatal hasta enero de 2027.
El anuncio, realizado en conferencia de prensa por el vocero presidencial, José Luis Gálvez, llega en un momento clave de transición macroeconómica. La medida amplía el período transitorio de estabilización que había sido fijado a principios de año por el DS 5516 y tiene como objetivo central evitar que las fluctuaciones del nuevo régimen de dólar flexible se trasladen directamente a las tarifas de los carburantes y, por ende, al costo de la canasta familiar.
1. Tarifas congeladas: ¿Cuánto costará el combustible?
El nuevo decreto modifica el Reglamento de Precios de los Productos Derivados del Petróleo, garantizando que los consumidores y el sector del transporte continúen pagando las tarifas vigentes sin ningún tipo de incremento durante el próximo semestre:
- Gasolina Especial: Se mantiene inalterable en Bs 6,96 por litro.
- Diésel Oíl: Queda fijado en Bs 9,80 por litro.
- Gas Natural Vehicular (GNV): Continuará costando Bs 2,73 por metro cúbico.
- Gas Licuado de Petróleo (GLP): La garrafa doméstica de 10 kilos se mantiene congelada en Bs 22,50.
- Carburantes de Aviación: Las gasolinas e insumos para el transporte aéreo también entran en el paquete de congelamiento transitorio.
2. Inyección de Bs 1.000 millones para YPFB
Dada la alta dependencia del país de la importación de carburantes, el mantenimiento de los precios fijos representa un enorme esfuerzo fiscal para el Tesoro General. Por este motivo, el DS 5652 autoriza de forma expresa al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas a transferir hasta 1.000 millones de bolivianos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Estos recursos económicos se destinarán de emergencia a cubrir el diferencial entre el elevado costo de adquirir petróleo y combustibles terminados en los mercados internacionales y el precio subsidiado con el que se comercializan en las estaciones de servicio del mercado interno. Asimismo, la disposición legal establece que el monto asignado podrá ser incrementado si la estatal petrolera lo requiere para asegurar la fluidez del suministro.
3. ¿Qué pasará después de enero?: La fórmula del dólar y el mercado externo
La gran novedad del Decreto Supremo 5652 es que transparenta el mecanismo que se empleará una vez que concluya el plazo de los seis meses de congelamiento. A partir de enero, los hidrocarburos dejarán de tener un precio fijo y comenzarán a regularse mediante una fórmula matemática de indexación.
El valor final en bolivianos de la gasolina y el diésel se calculará multiplicando tres factores principales:
- Precio internacional de compra: El costo real del petróleo y derivados en el mercado externo.
- Tipo de cambio promedio: La cotización promedio que registre el dólar oficial en el país durante el mes inmediatamente anterior.
- Factor de ajuste estatal: Una ecuación matemática diseñada para amortiguar los picos abruptos del tipo de cambio.
El escudo de los Bs 10,40: El “factor de ajuste” funcionará de la siguiente manera: se dividirá la cifra base de 10,4003 entre el tipo de cambio promedio del mes. En términos prácticos, esto significa que el Estado boliviano continuará absorbiendo y subvencionando parte del costo de importación siempre que el dólar oficial supere la barrera de los Bs 10,40, evitando un sinceramiento total de precios que castigue al aparato productivo.
Con la puesta en vigencia de esta norma, el Gobierno busca otorgar un horizonte de previsibilidad y tranquilidad de seis meses a los sectores industriales, agropecuarios y del transporte, ganando un margen de tiempo técnico para estabilizar los flujos logísticos de carburantes y evaluar las reformas energéticas de cara a la gestión del próximo año.