En un quiebre histórico con la política de coexistencia sindical, el mandatario sentenció el fin del “Estado libre asociado” en el Trópico de Cochabamba. Advierte el despliegue de toda la fuerza del Estado para restablecer la soberanía en el bastión de Evo Morales tras más de 50 días de bloqueos.

LA PAZ — En lo que analistas políticos ya califican como el discurso más frontal y de mayor impacto institucional en lo que va de su mandato, el presidente de la República, Rodrigo Paz, lanzó una contundente advertencia dirigida al Trópico de Cochabamba y a su principal líder político, el exmandatario Evo Morales. El Jefe de Estado aseguró que se terminó el tiempo en que esa región operaba al margen de la ley y de la Constitución, anunciando que el Gobierno nacional ingresará al Chapare con “toda la fuerza institucional” para desmantelar los bloqueos y recuperar la soberanía territorial.
El endurecimiento de la postura presidencial llega inmediatamente después de un periodo de altísima conflictividad social que mantuvo al país cercado y al borde del desabastecimiento alimentario y energético por más de cinco semanas, dejando pérdidas que superan los mil millones de bolivianos en el aparato productivo.
Fin al “Estado libre asociado”: El quiebre con el monolitismo sindical
Durante su alocución pública, el presidente Paz apuntó de forma directa contra las dirigencias de las seis federaciones del Trópico, acusándolas de haber estructurado un feudo político y territorial que desafía de manera sistemática los poderes legalmente constituidos del Estado.
El mandatario desestimó la noción de que existan zonas geográficas de exclusión donde el orden público o las fuerzas de seguridad no puedan ejercer sus competencias constitucionales:
- Desconocimiento de los feudos políticos: Paz fue enfático al señalar que ningún grupo social, partido político o sindicato agrario puede arrogarse la propiedad o el control exclusivo de un territorio nacional.
- Secuestro de la soberanía: Denunció que el uso sistemático de bloqueos de carreteras y la destrucción del asfalto fundamental en el Chapare configuran un delito de traición que atenta contra el derecho a la libre locomoción y la seguridad de todos los bolivianos.
- Restablecimiento del orden: Sentenció que las dinámicas de autogobierno al margen de los ministerios y las leyes sectoriales han llegado a su límite operativo.
“La Patria es una sola. Vamos a recuperar cada uno de los territorios que hoy en día no nos pertenecen, porque algunos creen que no es territorio boliviano, que es territorio de algunas organizaciones y que no pertenece a la soberanía nacional; todo volverá a la patria. El Estado entrará con toda la fuerza institucional para liberar y recuperar el control en el Chapare”, advirtió el mandatario en su intervención más enérgica.
Las cartas sobre la mesa: El plan de despliegue institucional
Aunque desde el Ministerio de Gobierno se han mantenido en reserva los detalles operativos y logísticos por razones de seguridad del Estado, fuentes gubernamentales sugieren que el plan de “recuperación institucional” del Trópico no se limitará exclusivamente a intervenciones policiales de orden público para despejar las vías, sino que contemplará una estrategia integral a mediano plazo:
- Retorno de la seguridad del Estado: Se prevé el fortalecimiento y la reinstalación de campamentos permanentes de la Policía Boliviana y de las Fuerzas Armadas en puntos críticos de la red vial fundamental del Chapare, garantizando que el flujo del transporte pesado internacional no vuelva a ser interrumpido de forma unilateral.
- Fiscalización de la ABC: Tras la reciente promulgación del crédito de 118 millones de dólares para la resiliencia climática y reconstrucción de puentes (que incluye obras viales en Chimoré e Ivirgarzama), el Gobierno central condicionará la ejecución física de los proyectos al cumplimiento irrestricto de las garantías de paz social por parte de las alcaldías locales.
- Ofensiva jurídica de la ANH y la Fiscalía: El control de combustibles e insumos químicos en la zona será redoblado. Mediante los sistemas de rastreo digital del B-SISA, la Agencia Nacional de Hidrocarburos bloqueará los carguíos irregulares, mientras el Ministerio Público activará los procesos penales correspondientes contra los cabecillas de los recientes asaltos a la infraestructura estratégica y pozos petroleros en las provincias aledañas.
La respuesta del Chapare y el riesgo de una fractura interna
La reacción desde los municipios del Trópico de Cochabamba no se hizo esperar. Sectores radicales leales a Evo Morales se declararon en “estado de emergencia y vigilia permanente” en las sedes sindicales de Lauca Ñ y Shinahota, calificando las palabras de Rodrigo Paz como una “provocación abierta” y un intento de militarización regional con fines de persecución política.
Sin embargo, el escenario político en 2026 difiere de gestiones anteriores. Como se evidenció en las últimas semanas del conflicto vial, la base productora tradicional del Chapare —especialmente los sectores de exportación de banano, palmito y piña— viene arrastrando un profundo descontento económico debido a que los bloqueos autoinfligidos destruyeron sus propios mercados internacionales, provocando el quiebre de pequeños agricultores.
La determinación del Palacio Quemado de ingresar con la fuerza institucional pone al Trópico de Cochabamba ante la encrucijada más compleja de su historia reciente: mantener la resistencia orgánica bajo las órdenes de su liderazgo histórico o ceder ante la presión de un Estado decidido a ejercer su autoridad territorial por encima de las lógicas sindicales.
