Bolivia pierde arbitraje internacional en La Haya frente a BBVA y deberá pagar $us 105 millones por retrasos en la transferencia del sistema de pensiones
EnfoqueDigital2026 Bolivia enfrenta un nuevo revés en el ámbito internacional luego de que el Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazara su recurso para anular el laudo arbitral emitido en 2022 por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), consolidando así la obligación de indemnizar con 105 millones de dólares al banco BBVA. La controversia surge a raíz de los retrasos registrados durante el proceso de traspaso de la administración de los fondos de pensiones desde la AFP Previsión hacia la estatal Gestora Pública, en el marco de la política de nacionalización impulsada años atrás.
De acuerdo con la información difundida por medios internacionales, la demanda no cuestionaba la nacionalización en sí, sino la forma en la que fue ejecutada, señalando demoras, perjuicios económicos e incluso presunto hostigamiento durante el proceso. El banco argumentó que estos factores afectaron directamente su operación y generaron un daño que debía ser compensado. En este contexto, Bolivia intentó revertir el fallo mediante instancias judiciales en Europa, sin éxito.
El Estado boliviano acudió inicialmente a tribunales en La Haya buscando la nulidad del laudo arbitral, pero en 2024 obtuvo un fallo desfavorable. Posteriormente, presentó un recurso de casación ante el Tribunal Supremo neerlandés, instancia que también rechazó su solicitud, dejando firme la decisión internacional. Este resultado cierra prácticamente las vías legales disponibles para evitar el pago de la indemnización.
El conflicto tiene su origen en la reforma estructural del sistema de pensiones implementada durante el gobierno de Evo Morales, cuando en 2010 se determinó transferir la administración de los fondos desde manos privadas hacia el Estado. Sin embargo, fue recién en mayo de 2023 cuando la Gestora Pública asumió plenamente el control del sistema, en un proceso que, según la parte demandante, estuvo marcado por retrasos y dificultades que derivaron en este litigio internacional.