La Paz, 11 de junio de 2026 — Tras una extenuante y acalorada sesión que se extendió por más de 15 horas consecutivas, el pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional sancionó la Ley de Regulación del Estado de Excepción. Esta nueva norma otorga una base legal explícita para que el Poder Ejecutivo pueda instruir la intervención coordinada de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Boliviana para restablecer el libre tránsito en el país.

Un debate marcado por la polarización legislativa
La normativa fue aprobada por más de los dos tercios de los parlamentarios presentes (79 votos a favor), reflejando la desesperación de varias bancadas regionales ante el desabastecimiento crónico de oxígeno medicinal, alimentos y combustibles que afecta a los centros urbanos. El debate parlamentario evidenció las profundas fracturas ideológicas que atraviesa el legislativo boliviano.
- Argumento oficialista: Diputados del gobernante Partido Demócrata Cristiano (PDC) argumentaron que la ley es una herramienta de urgencia nacional para salvaguardar el orden constitucional y defender el derecho a la vida y la salud de millones de ciudadanos afectados por el cerco vial.
- Postura de la oposición: Parlamentarios de la Alianza Popular y sectores afines al evismo rechazaron la medida, catalogándola como una “carta blanca” para la militarización del país y demandaron que la salida a la crisis se dé estrictamente mediante canales de concertación política.
La ley sancionada, que ya fue remitida al despacho del presidente Rodrigo Paz para su respectiva promulgación, establece parámetros de “proporcionalidad razonable” y el estricto respeto a los derechos humanos ratificados por el Estado boliviano, condicionando el rol militar únicamente a tareas de soporte logístico y táctico en las carreteras bloqueadas.
