La escalada de la conflictividad social y política en el Estado Plurinacional de Bolivia ha alcanzado niveles de extrema preocupación institucional. En las últimas horas, la Defensoría del Pueblo presentó de manera oficial su “Primer Reporte Preliminar sobre la Conflictividad Social en Bolivia”, correspondiente al periodo crítico comprendido entre el 1 y el 24 de mayo de 2026. El documento expone una radiografía alarmante sobre la crisis que atraviesa el país, caracterizada por la radicalización de las protestas, cercos logísticos y enfrentamientos en diversos puntos estratégicos del territorio nacional.
El informe defensorial confirma un saldo trágico que enluta a las familias bolivianas, registrando formalmente 7 personas fallecidas, 23 personas heridas y un total de 321 ciudadanos arrestados en el marco de las movilizaciones y operativos de despeje de vías públicas. Ante este panorama, el Defensor del Pueblo ha reiterado de manera vehemente un llamado urgente al Órgano Ejecutivo, las fuerzas policiales y los sectores movilizados para deponer actitudes beligerantes y canalizar las demandas a través de mesas de diálogo efectivas y vinculantes.

Desglose de Cifras e Impacto de la Conflictividad
El monitoreo permanente desplegado por las delegaciones defensoriales en los nueve departamentos del país da cuenta de un escenario de alta tensión. El recuento de daños humanos y restricciones a la libertad se concentra en las principales urbes del eje central y rutas interdepartamentales:
- Pérdidas de Vidas Humanas: Se han consolidado 7 fallecimientos derivados de los enfrentamientos directos en puntos de bloqueo y carreteras troncales, vinculados tanto a dinámicas de confrontación civil como a contingencias médicas no atendidas oportunamente.
- Afectados de Gravedad: El reporte técnico identifica 23 ciudadanos heridos, entre los que se encuentran manifestantes, efectivos policiales y trabajadores de la prensa independiente que cubrían los hechos de violencia.
- Aprehensiones y Arrestos: Las fuerzas del orden civil civil han ejecutado 321 arrestos a nivel nacional bajo acusaciones relacionadas con obstrucción de vías públicas, portación de objetos contundentes y resistencia a la autoridad.
Nota de Alerta Defensorial: La institución remarcó que las detenciones deben ceñirse estrictamente al respeto del debido proceso y las garantías constitucionales vigentes, instruyendo a sus equipos legales verificar el estado físico y jurídico de cada uno de los procesados en las celdas policiales.

Emergencia Logística y Gestiones Humanitarias de Urgencia
El impacto del conflicto civil trasciende los enfrentamientos en las calles. Con más de 64 puntos de bloqueo activos registrados de manera simultánea en el territorio nacional, el país experimenta un desabastecimiento crítico que compromete directamente los servicios de salud y el suministro de insumos vitales.
Ante esta situación de asfixia urbana, las representaciones defensoriales han priorizado el despliegue de corredores y acuerdos humanitarios para paliar los efectos de la inmovilidad terrestre:
1. Suministro de Oxígeno y Atención Médica en La Paz y El Alto
La Unidad de Coordinación Regional de El Alto (UCREA) y la Delegación Defensorial de La Paz efectuaron gestiones extraordinarias en las carreteras de acceso para garantizar el libre tránsito de camiones cisterna cargados con oxígeno medicinal. Asimismo, el personal defensorial intervino para monitorear el estado y las demandas de pacientes renales en huelga en el Hospital Agramont, gravemente afectados por las dificultades de transporte y la falta de insumos médicos básicos.
2. Acuerdo de Tránsito para Ambulancias en Chuquisaca
A través de la conformación de una mesa de diálogo relámpago impulsada por la Delegación Defensorial de Chuquisaca, se logró suscribir un acuerdo humanitario específico con las organizaciones movilizadas. Este pacto asegura el paso expedito, seguro e irrestricto de ambulancias, personal de salud en ejercicio y vehículos particulares que trasladen a pacientes en estado de emergencia médica o de alta complejidad.
Monitoreo Internacional del Uso de la Fuerza y Resguardo a la Prensa
La Defensoría del Pueblo, en un pronunciamiento conjunto emitido junto a la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto (APDHEA), enfatizó la necesidad absoluta de que el Estado boliviano adecúe el uso de la fuerza pública a los estándares y convenios internacionales vigentes. El documento institucional exige evitar el empleo excesivo de agentes químicos en zonas residenciales o en proximidades de centros médicos y unidades educativas.
De igual forma, las organizaciones manifestaron su firme condena ante las agresiones físicas y el amedrentamiento del que han sido objeto periodistas y corresponsales de diversos medios informativos. La protección del ejercicio periodístico libre se perfila como un pilar fundamental para transparentar los acontecimientos actuales y salvaguardar los derechos humanos en periodos de inestabilidad democrática.
