Durante una transmisión en directo que expuso el modus operandi del empleado bancario, decenas de afectados se sumaron a la denuncia. El funcionario solicitaba préstamos personales a los mismos clientes a quienes les aprobaba créditos, acumulando desfalcos que superan los 200.000 bolivianos mediante transferencias QR.

LA PAZ — En una nueva y explosiva intervención que sacude los cimientos del sistema financiero regulado, la activista, comunicadora y líder del movimiento Mujeres Creando, María Galindo, destapó un grave esquema de estafa y abuso de confianza perpetrado por un funcionario de carrera de BancoSol. La denuncia, que se viralizó de forma inmediata a través de las plataformas digitales y la señal de Radio Deseo, expuso cómo el empleado utilizaba su cargo institucional para sonsacar sumas millonarias a clientes de la entidad.
El impacto del reporte fue de tal magnitud que, mientras Galindo transmitía en vivo los detalles del primer caso documentado, decenas de nuevas víctimas se sumaron en tiempo real a la denuncia, revelando un patrón de extorsión y fraude sistemático que operaba bajo las narices de la gerencia bancaria.
El ‘modus operandi’: Extorsión corporativa y transferencias QR
De acuerdo con los testimonios recogidos en directo por la comunicadora, el funcionario bancario —aprovechando la asimetría de poder y la necesidad de los usuarios que acudían a solicitar microcréditos— implementó un mecanismo de estafa cruzada:
- El anzuelo del crédito: El empleado gestionaba y aprobaba los préstamos formales solicitados por los clientes (en su mayoría gremiales, artesanos y pequeños emprendedores paceños).
- El “préstamo” obligatorio: Una vez que el banco desembolsaba el dinero en las cuentas de los usuarios, el funcionario —bajo presión psicológica, promesas de agilización de futuros trámites o argucias personales— les solicitaba que le “prestaran” parte de ese mismo capital.
- El rastro del código QR: Para evitar levantar las alertas de los sistemas de auditoría interna de la entidad, el funcionario exigía el dinero de forma inmediata mediante transferencias digitales por código QR, desviando los fondos directamente a sus cuentas personales o de terceros.
Los cálculos preliminares presentados por Mujeres Creando señalan que el desfalco acumulado bajo esta modalidad supera holgadamente los 200.000 bolivianos. El funcionario desapareció de sus funciones y cortó todo contacto con los afectados, dejando a las víctimas con la obligación legal de pagar al banco las cuotas mensuales de un dinero que nunca pudieron utilizar.
“El banco es civil y legalmente responsable de sus funcionarios”
Con su característico estilo confrontacional, María Galindo trasladó la protesta de las víctimas directamente a las oficinas principales de BancoSol, exigiendo una respuesta institucional inmediata y rechazando los argumentos que catalogan el hecho como un “problema entre privados”.
Galindo recordó que, bajo la normativa vigente de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y el Código Civil boliviano, las entidades financieras son corresponsables solidarias de todas las acciones, omisiones y delitos que cometan sus dependientes mientras se encuentren ejerciendo funciones dentro de las instalaciones o utilizando los sistemas del banco.
“Aquí no hay excusa que valga. BancoSol es responsable absoluto del llanto y la quiebra de estas familias, porque fue un funcionario con el sello, el uniforme y el escritorio de este banco el que extorsionó a la gente humilde. El banco tiene la obligación de congelar estas deudas fraudulentas, resarcir los daños y asumir la persecución penal de ese estafador. No vamos a permitir que se laven las manos castigando al cliente”, sentenció Galindo durante la toma pacífica de las oficinas de atención al cliente.
Alerta institucional ante la ASFI
La ola de denuncias públicas ha encendido las alarmas en el sector financiero paceño, obligando a los equipos jurídicos de la entidad bancaria a recibir los expedientes de las víctimas presentados por Mujeres Creando para iniciar una auditoría forense interna de emergencia.
Por su parte, los afectados, respaldados por las brigadas de asesoramiento legal comunitario, anunciaron que elevarán una queja formal colectiva ante la Defensoría del Consumidor Financiero de la ASFI, exigiendo que se evalúen las fallas en los controles de riesgo operativo y de conducta de mercado de la institución, mientras la Fiscalía evalúa emitir las órdenes de aprehensión correspondientes contra el funcionario denunciado.
