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El Gobierno nacional anunció que realizará ajustes al Decreto Supremo 5676, que establece un nuevo régimen de comercialización de diésel para determinados consumidores. La decisión surge en medio de cuestionamientos y pedidos de diferentes sectores, principalmente productivos y del transporte, que han expresado su preocupación por el impacto económico que podría generar la aplicación de la norma.
El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, informó que el Ejecutivo buscará realizar modificaciones al decreto con el objetivo de atender las observaciones planteadas y reducir los posibles efectos negativos para los sectores alcanzados por la medida. Sin embargo, la autoridad dejó en claro que la intención del Gobierno es ajustar la normativa antes que proceder con su abrogación.
Según explicó Morales, se prevé un trabajo técnico para revisar los diferentes aspectos relacionados con la aplicación del decreto y el precio del combustible. Para ello, el Ministerio de Economía deberá coordinar acciones con otras instancias del Gobierno vinculadas al área energética y de hidrocarburos.
La normativa establece un precio referencial de Bs 18 por litro de diésel para grandes consumidores y otros segmentos definidos dentro de la regulación. Este aspecto generó preocupación entre sectores que advierten un posible incremento en sus costos operativos, especialmente en actividades relacionadas con la producción, el transporte y la distribución de productos.
Ante este escenario, distintas organizaciones comenzaron a exigir que la norma sea eliminada o modificada. Los cuestionamientos se centran principalmente en el posible efecto que un incremento en el costo del diésel podría tener sobre la cadena productiva y, posteriormente, en los precios de diferentes productos y servicios.
El Gobierno, por su parte, busca abrir espacios de diálogo con los sectores involucrados para encontrar alternativas que permitan atender las demandas sin dejar de lado los objetivos planteados con la aplicación del decreto. Morales sostuvo que la intención es realizar los ajustes necesarios para disminuir los riesgos y evitar mayores conflictos.
Uno de los puntos que será analizado está relacionado con la forma en la que se calcula el precio final del combustible para los consumidores alcanzados por la norma. En ese sentido, se prevé la participación de las entidades responsables del sector energético para realizar una evaluación técnica y definir posibles modificaciones.
El debate sobre el Decreto Supremo 5676 se produce en un contexto en el que Bolivia enfrenta importantes desafíos relacionados con el abastecimiento de combustibles, el costo de las importaciones y la presión sobre las finanzas públicas. Por ello, la posición del Gobierno apunta a mantener la norma, aunque con cambios que permitan responder a las observaciones planteadas.