María Galindo anuncia avances para frenar abusos de inmobiliarias y proteger a compradores
EnfoqueDigital2026 
La activista María Galindo informó que se alcanzaron avances en la mayoría de los 10 puntos planteados por organizaciones de compradores de viviendas y terrenos, tras una reunión con autoridades de Comercio y Defensa del Consumidor.
Según explicó Galindo, uno de los principales resultados del encuentro fue la conminatoria de la Dirección de Defensa del Consumidor para que las empresas inmobiliarias suspendan temporalmente sus actividades comerciales mientras se revisan sus contratos. La medida contempla detener la venta de lotes y el cobro de cuotas hasta que se analice la documentación y, cuando corresponda, se realicen modificaciones a las adendas.
La problemática se relaciona principalmente con compradores de terrenos que denunciaron cambios en las condiciones de sus contratos, particularmente por la aplicación de un tipo de cambio flexible del dólar. Algunas personas sostienen que adquirieron sus terrenos bajo condiciones anteriores y que posteriormente enfrentaron modificaciones en los montos de sus cuotas. Galindo ha acompañado las movilizaciones de los afectados en Santa Cruz, quienes reclaman que se respeten las condiciones acordadas originalmente.
Denuncias por cláusulas consideradas abusivas
El conflicto también llegó a las autoridades de Defensa del Consumidor. Un reporte de Visión 360 señala que 14 inmobiliarias fueron identificadas con contratos que contenían cláusulas consideradas abusivas. Entre las situaciones observadas se mencionan cobros de un dólar por cada día de mora, restricciones para transferir la deuda o el terreno a terceros y modificaciones en los plazos establecidos para el pago.
El ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, informó además que las autoridades detectaron modificaciones en documentos registrados ante el Gobierno. Según sus declaraciones, el caso fue denunciado ante la Fiscalía y la Policía para que se investiguen posibles alteraciones de los sistemas informáticos y de los contratos. Estas denuncias se encuentran sujetas a investigación y no implican una condena judicial contra las empresas señaladas.
Galindo exige una resolución ministerial
Durante la reunión con las autoridades, Galindo señaló que la mayoría de los puntos incluidos en el pliego presentado por las organizaciones movilizadas tuvieron avances. Sin embargo, quedó pendiente la elaboración de informes técnicos correspondientes a cada urbanización y la posterior emisión de una resolución ministerial.
De acuerdo con lo informado por la activista, el objetivo es que esta resolución sea aprobada hasta el 30 de septiembre, una vez concluidos los informes técnicos y administrativos.
Otro aspecto cuestionado fue la ausencia de representantes de la Cámara Inmobiliaria en la reunión. Según el viceministro de Comercio, Gustavo Serrano, los representantes del sector fueron invitados formalmente, pero decidieron no participar. Galindo cuestionó esta decisión y sostuvo que el Estado debe garantizar el cumplimiento de las disposiciones que se adopten para proteger a los compradores.