EnfoqueDigital2026 La Paz, 11 de junio de 2026 — En medio de una de las crisis políticas y sociales más agudas del último periodo, el Poder Ejecutivo de Bolivia, liderado por el presidente Rodrigo Paz Pereira, evalúa bajo estricta reserva la implementación de un estado de excepción constitucional. La medida busca contener la ola de protestas y bloqueos de carreteras que asfixia al país desde hace más de cinco semanas.
Posición oficial frente a la crisis
El portavoz del Gobierno Central afirmó en conferencia de prensa que cualquier determinación sobre el uso de facultades extraordinarias será manejada con la mayor discreción política y responsabilidad institucional. Las autoridades recalcaron que el objetivo primordial es restablecer el orden público y garantizar el abastecimiento de productos básicos, combustibles y medicamentos en las principales ciudades, las cuales registran alarmantes niveles de desabastecimiento.
- Presión ciudadana: En urbes como La Paz y Cochabamba, multitudinarios cabildos ciudadanos exigen la aplicación inmediata de la medida para liberar las rutas de suministro y frenar la especulación de precios.
- Llamados a la prudencia: Sectores municipales, incluyendo la alcaldía de El Alto, han solicitado públicamente al primer mandatario evitar el decreto de excepción para mitigar el riesgo de una escalada de violencia o la pérdida de vidas humanas.
El entorno presidencial admite que la dilatación del conflicto ha significado un alto costo político para la actual administración, a escasos siete meses de haber asumido el mandato. El Ejecutivo mantiene abiertas las opciones de diálogo con las dirigencias movilizadas, pero insiste en que no se puede mantener a la población desabastecida por demandas de carácter político-partidario.
