Los recursos, provenientes de un financiamiento estratégico del Banco Mundial, serán destinados a la reconstrucción, bacheo y mejora de puentes y carreteras en La Paz, Cochabamba y Chuquisaca. La aprobación legislativa contrarreloj evita la pérdida de los fondos.
LA PAZ — En una acción decisiva orientada a la reactivación de la infraestructura caminera del país tras los devastadores efectos de los recientes bloqueos de carreteras, el presidente de la República, Rodrigo Paz, promulgó oficialmente la ley que autoriza un crédito externo por un monto de 118 millones de dólares (específicamente $us 118,5 millones). Los recursos, gestionados ante el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial, serán inyectados de forma inmediata en el Programa de Resiliencia Climática en el Sector Vial.
La promulgación del Jefe de Estado se suscita pocas horas después de que la Cámara de Senadores sancionara la norma en una sesión de alta urgencia, liberando el financiamiento justo antes de que se cumpliera el plazo límite de caducidad fijado por el organismo internacional para el 30 de junio.

Distribución de las obras: Los proyectos clave por departamento
El paquete económico busca subsanar los cuellos de botella logísticos y estructurales de la Red Vial Fundamental (RVF), incorporando criterios de ingeniería medioambiental para blindar el asfalto frente a los desastres climáticos, inundaciones y derrumbes:
- Chuquisaca (Diagonal Jaime Mendoza): Se financiará de manera directa la construcción y pavimentación de la carretera El Salto – Monteagudo, específicamente en el tramo Molino – Monteagudo. Esta ruta representa una transversal estratégica para consolidar el flujo comercial hacia el sur y oriente del país.
- La Paz (Norte paceño): Se priorizará la esperada construcción del nuevo Puente Guanay y sus accesos, una obra civil clave para evitar el aislamiento recurrente de las poblaciones productoras auríferas y agrícolas del norte paceño durante la temporada de lluvias.
- Cochabamba (Eje del Trópico): Se ejecutará el proyecto del Puente Chimoré – Ivirgarzama junto con sus obras complementarias y distribuidores vehiculares, una infraestructura de alto tránsito para el transporte pesado internacional que conecta el oriente con el occidente.
Asimismo, los recursos avalados por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) contemplan el financiamiento de seis macroestudios de diseño técnico de preinversión para la futura rehabilitación de rutas troncales, entre las que destacan el tramo Yucumo–Rurrenabaque (101 km), la vía Cotapata–Santa Bárbara (50 km) y la doble vía La Paz–Oruro (203 km).
Superando la crisis vial tras 50 días de paralización
A través de un mensaje audiovisual difundido en sus canales oficiales, el primer mandatario extendió su agradecimiento a la Asamblea Legislativa Plurinacional por priorizar el tratamiento técnico de la norma por encima de las pugnas políticas. El presidente Paz vinculó la inyección de estos $us 118 millones como un pilar central del plan de estabilización y ordenamiento económico postconflicto.
“Agradecer al pueblo de Bolivia por su fuerza, por su templanza, por querer progresar. Aquí hay 118 millones de dólares en proyectos viales y carreteros para que la patria genere comercio, negocios y pueda transportarse el boliviano y la boliviana por buenas rutas. Vamos a cumplir nuestros compromisos y vamos a salir adelante; por primera vez, Bolivia va a trabajar para construir la patria sin ideologías”, enfatizó el mandatario.
La llegada de este flujo de capital externo representa un bálsamo de alivio para la ABC, cuyas autoridades técnicas estimaron recientemente en más de 90 millones de bolivianos los daños físicos directos provocados sobre la plataforma asfáltica debido a las fogatas, quemas de llantas y detonaciones de dinamita registradas durante los más de 50 días de bloqueos de la Central Obrera Boliviana (COB).
Polémica legislativa por las obras en zonas de conflicto
Pese al carácter de urgencia nacional del crédito, el debate parlamentario previo a la sanción de la ley no estuvo exento de momentos de tensión. Asambleístas de las brigadas parlamentarias de La Paz y Chuquisaca expresaron inicialmente reparos respecto a la canalización de inversiones millonarias en infraestructura destinada al Trópico de Cochabamba.
Los legisladores críticos argumentaron que resultaba una contradicción “premiar” con puentes y distribuidores vehiculares a las regiones cochabambinas que fungieron como epicentros de las medidas de presión que mantuvieron secuestrada la economía urbana del occidente. No obstante, los informes de viabilidad de los ministerios del área económica sepultaron los reclamos políticos, demostrando que congelar el crédito del Banco Mundial debido a diferencias regionales habría supuesto un daño irreversible a la calificación de riesgo crediticio del país y la pérdida definitiva del financiamiento externo.
