Alarma en el sector público: Informe de la OFEP revela que 15 empresas estatales están en “quiebra técnica”
EnfoqueDigital2026 
LA PAZ – La economía boliviana enfrenta un momento de sinceridad financiera tras la presentación del último informe de la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP). El director ejecutivo de la entidad, Pablo Camacho, desglosó la situación de las compañías estatales bajo el nuevo sistema de monitoreo “Conociendo la verdad”, revelando que el modelo de gestión pública atraviesa una crisis de sostenibilidad sin precedentes. El reporte identifica a 15 empresas en situación de “quiebra técnica”, un término financiero que describe a entidades cuyo patrimonio es insuficiente para cubrir sus deudas y cuyas pérdidas operativas son crónicas.
Según el informe, estas empresas han acumulado una pérdida neta consolidada de Bs 2.655 millones en los últimos periodos fiscales. Sin embargo, el dato más alarmante es el nivel de endeudamiento: las empresas públicas bolivianas han recibido créditos estatales (provenientes principalmente de las Reservas Internacionales y del TGN) que superan los Bs 73.000 millones en las últimas dos décadas. Camacho señaló que muchas de estas plantas industriales operan por debajo del 20% de su capacidad instalada, convirtiéndose en “agujeros negros” financieros que dependen exclusivamente de la inyección de recursos del Tesoro General de la Nación (TGN) para pagar salarios y costos básicos.
La “Lista Negra” de la Ineficiencia Estatal
El informe de la OFEP es contundente al listar las unidades de negocio que presentan un patrimonio negativo o deudas que superan con creces su valor real. A continuación, se detallan las empresas más comprometidas y su situación específica:
- EMAPA (Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos): Es la empresa con la pérdida acumulada más alta del país, registrando un saldo negativo de Bs 828,9 millones. A pesar de su rol en la seguridad alimentaria, sus costos operativos y de subsidio han desbordado su capacidad financiera.
- YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos): A pesar de la millonaria inversión de más de $us 800 millones, el informe revela que su capacidad operativa es de apenas el 17%. Sus ingresos no cubren ni una mínima fracción de la deuda contraída para la construcción de sus plantas en los salares.
- QUIPUS (Empresa Tecnológica): Ubicada en el sector de tecnología, esta empresa registra un patrimonio negativo y créditos vencidos imposibles de honrar. Su incapacidad para competir en el mercado nacional de dispositivos electrónicos la ha dejado en la obsolescencia técnica y financiera.
- EASBA (Ingenio Azucarero San Buenaventura): Ubicada en el norte paceño, esta planta mantiene un déficit crónico debido a la falta de materia prima (caña) suficiente para operar a escala industrial, lo que genera pérdidas millonarias año tras año.
- YACANA (Empresa Textil de Camélidos): Diseñada para industrializar la lana de alpaca y llama, la empresa no ha logrado canales de comercialización competitivos, operando con una estructura de costos que supera por mucho sus ventas reales.
- KARACHIPAMPA (Complejo Metalúrgico): El histórico elefante blanco de Potosí sigue sin alcanzar la estabilidad técnica. Sus deudas acumuladas y fallas operativas constantes la mantienen en una parálisis financiera que requiere auxilio estatal permanente.
- EBC (Empresa Boliviana de Construcción): La constructora estatal registra pasivos que superan el 400% de su capacidad patrimonial, lo que la deja técnicamente fuera de cualquier posibilidad de licitación sin el aval directo del Estado.
- Otras empresas en la lista: Incluyen a la Empresa de Cementos de Bolivia (ECEBOL), la Empresa Pública Nacional Textil (ENATEX) —en liquidación—, y la Empresa Boliviana de Almendra (EBA), que presentan márgenes de utilidad negativos o estancamiento operativo.
90 días de plazo para el cierre o la reestructuración
Ante este panorama, el Gobierno ha instruido a la OFEP un periodo de evaluación de 90 días para determinar el destino de cada una de estas entidades. Las opciones sobre la mesa son drásticas: el cierre definitivo y liquidación de activos, la fusión con otras entidades más solventes, o una reestructuración profunda que incluya la apertura a capitales privados (modelos mixtos).
“No podemos seguir financiando la ineficiencia con el dinero de los bolivianos, especialmente en un contexto de escasez de divisas”,Sentenció Camacho.
El informe ha generado un intenso debate en la Asamblea Legislativa, donde la oposición exige auditorías forenses para determinar responsabilidades penales por la mala gestión de los recursos públicos, mientras que el oficialismo defiende el rol social de estas empresas por encima de la rentabilidad financiera.