En una jornada marcada por la urgencia económica, el presidente Rodrigo Paz ha oficializado un cambio de timón en una de las carteras más críticas del Estado boliviano. La posesión de Marcelo Blanco como nuevo Ministro de Hidrocarburos, en reemplazo de Mauricio Medinaceli, no ha pasado desapercibida para la opinión pública. El nombramiento se produce en un escenario de creciente incertidumbre, donde las filas en los surtidores y la irregularidad en el abastecimiento de diésel y gasolina han puesto al Gobierno bajo una presión social que no admite más demoras. Blanco asume el mando con la misión inmediata de estabilizar la logística de importación y dar señales claras a los mercados internacionales sobre la solvencia energética de Bolivia.

Sin embargo, más allá de los desafíos técnicos, el perfil de Blanco ha reactivado el debate político en el país. El nuevo ministro cuenta con una trayectoria que se remonta a la administración de Gonzalo Sánchez de Lozada, habiendo ejercido como Ministro interino de Servicios y Obras Públicas en abril de 2003, según el Decreto Presidencial Nº 27008. Su pasado como Viceministro de Electricidad y Energías en aquel periodo lo posiciona como un conocedor profundo del sector, pero también lo expone a las críticas de sectores sociales que asocian su figura con la era previa a la nacionalización. Tras más de 20 años fuera de la primera línea del gabinete, su retorno representa una apuesta arriesgada del presidente Paz, quien parece priorizar la capacidad operativa y el conocimiento técnico por encima del costo político que implica “reciclar” figuras de gobiernos anteriores.

Los retos inmediatos de la nueva gestión
El éxito o fracaso de Marcelo Blanco se medirá en el corto plazo bajo tres ejes fundamentales:
- Normalización del suministro: Eliminar las colas de espera en las estaciones de servicio a nivel nacional.
- Transparencia en YPFB: Modernizar la estatal petrolera para atraer inversiones que reactiven la exploración de pozos gasíferos.
- Gobernabilidad: Manejar la relación con los sindicatos de transporte y sectores productivos que exigen garantías para la zafra y el comercio.

