“Es mi derecho”: Jeanine Áñez exige el pago de más de un millón de bolivianos por su renta vitalicia presidencial
EnfoqueDigital2026 La expresidenta del Estado, Jeanine Áñez Chávez, ha generado una fuerte repercusión en el escenario político y económico nacional al exigir formalmente el desembolso acumulado de su renta vitalicia como exmandataria. Según la defensa y las declaraciones de la propia Áñez, el monto adeudado por el Estado boliviano superaría el millón de bolivianos, correspondientes a los cinco años en los que ha permanecido privada de su libertad desde su aprehensión en marzo de 2021.
El reclamo administrativo y público ha sido dirigido de forma directa al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, bajo la premisa de que este beneficio financiero constituye un derecho adquirido e irrenunciable para cualquier ciudadano que haya ejercido la primera magistratura del país, independientemente de su situación jurídica actual.
El argumento de la exmandataria: “Necesito acceder a esos recursos”
Desde su reclusión, Jeanine Áñez ha manifestado la urgencia de contar con estos fondos, argumentando que la paralización de sus ingresos durante un lustro ha afectado de manera directa la sostenibilidad económica de su entorno y los gastos derivados de su defensa legal y atención médica personal.
“Es mi derecho”, manifestó de forma tajante la exmandataria al defender la legitimidad de su solicitud.
Áñez insistió en que el cobro de la renta vitalicia no es una concesión política ni un favor gubernamental, sino un mandato institucional que el Estado debe cumplir de forma retroactiva. Asimismo, adelantó que sus representantes legales continuarán agotando todas las instancias administrativas y judiciales necesarias hasta obtener la restitución y el pago total de los fondos congelados.
Detalles técnicos de la demanda económica
El cálculo estimado por el equipo jurídico de Áñez toma como base la legislación boliviana vigente que regula los haberes y beneficios para ex Jefes de Estado. Los puntos clave de la demanda incluyen:
- Periodo reclamado: Cinco años consecutivos de haberes no percibidos (2021–2026).
- Monto proyectado: Una cifra que sobrepasa el 1.000.000 de bolivianos, calculada en función de los sueldos percibidos por los mandatarios en ejercicio y las normativas de compensación del sector público.
- Destino de los fondos: Financiamiento de la defensa técnica en los múltiples procesos penales que enfrenta, manutención familiar y cobertura de salud.
El complejo panorama legal y político de las rentas presidenciales
La solicitud de Áñez reabre un intenso debate jurídico en el país. Por un lado, los defensores de los derechos humanos y la oposición política argumentan que privar a una exautoridad de sus beneficios económicos constitucionales —sin que exista una sentencia ejecutoriada definitiva que dicte específicamente la pérdida de dichos derechos civiles— vulnera el principio de presunción de inocencia y las leyes de seguridad social.
Por otro lado, sectores del oficialismo y analistas afines al Gobierno suelen cuestionar la procedencia de este pago, respaldándose en la naturaleza de la transición política del año 2019, la cual continúa siendo objeto de una profunda polarización en los tribunales y en la opinión pública. La respuesta oficial del Ministerio de Economía será determinante para definir si el caso se resolverá por la vía administrativa o si derivará en un nuevo litigio ante el Tribunal Constitucional Plurinacional.