Policía interviene toma campesina de pozo petrolero en el departamento de Santa Cruz
EnfoqueDigital2026 Tras más de 48 horas de ocupación que paralizaron la producción hidrocarburífera, un contingente policial desbloqueó los accesos y recuperó las instalaciones estatales. El operativo deja un saldo de personas aprehendidas, decomiso de explosivos y pérdidas millonarias por crudo no extraído.
SANTA CRUZ — En una intervención táctica ejecutada en las primeras horas de este miércoles 3 de junio de 2026, fuerzas combinadas de la Policía Boliviana lograron desbloquear y recuperar el control total del pozo petrolero ubicado en la provincia Ichilo, en el departamento de Santa Cruz. Las instalaciones hidrocarburíferas habían sido tomadas por asalto el pasado lunes por un numeroso grupo de comunarios y trabajadores campesinos de la región, quienes exigían la titulación de tierras y la dotación de servicios básicos.
El operativo, que movilizó a más de 200 efectivos de unidades tácticas y de orden público, se desarrolló bajo un ambiente de alta tensión debido a la resistencia de los manifestantes, quienes se habían atrincherado en las puertas de ingreso y en las válvulas de control de la planta de bombeo.
El operativo: Desalojo, gases lacrimógenos y aprehensiones
La intervención policial comenzó alrededor de las 05:00 de la madrugada. Ante la negativa de los ocupantes de abandonar pacíficamente las áreas restringidas de la estatal petrolera, las fuerzas de seguridad utilizaron agentes químicos (gases lacrimógenos) para dispersar los cercos humanos que impedían el acceso del personal técnico.
De acuerdo con el informe preliminar brindado por el Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, el balance del operativo incluye:
- Aprehensiones: Al menos 14 personas fueron arrestadas y puestas a disposición del Ministerio Público, acusadas inicialmente por los delitos de atentado contra la seguridad de los servicios públicos, destrucción de bienes del Estado y estorbar el ejercicio de funciones.
- Incautación de material peligroso: En los campamentos improvisados instalados por los manifestantes se decomisaron cacharros de dinamita, machetes, bombas molotov caseras y palos con clavos que eran utilizados para amedrentar a las brigadas de seguridad privada del complejo.
- Sin bajas graves: Aunque se registraron escaramuzas y enfrentamientos menores durante la retirada de los campesinos hacia el monte y las comunidades aledañas, los servicios de salud locales no reportaron heridos de gravedad ni víctimas fatales.
El origen del conflicto: Demandas agrarias y promesas incumplidas
La toma del pozo petrolero no fue un hecho aislado, sino el punto álgido de un conflicto de tierras que arrastra varios meses en el norte integrado cruceño. Los sectores movilizados, pertenecientes a sindicatos agrarios locales, justificaron la ocupación de las instalaciones energéticas argumentando el desinterés de las autoridades nacionales frente a sus demandas sectoriales.
Entre las principales exigencias del sector campesino se encontraban la destitución de directivos regionales del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la agilización de los trámites de saneamiento y titulación de predios comunitarios, y el cumplimiento de un pliego petitorio que incluye la construcción de caminos vecinales y redes de tendido eléctrico para las comunidades productoras de la provincia Ichilo.
“Lamentamos tener que llegar a estas medidas, pero el Gobierno solo nos escucha cuando tocamos el bolsillo del Estado. Llevamos meses esperando que el INRA solucione los avasallamientos y los títulos de nuestras parcelas. La tierra es de quien la trabaja”, declaró uno de los dirigentes locales antes de la intervención.
Millonario impacto económico en la producción de hidrocarburos
La parálisis de las operaciones del pozo durante casi tres días provocó una honda preocupación en los ministerios del área económica. Al tratarse de un complejo productor de crudo y condensados, el cierre forzoso de las válvulas de seguridad interrumpió el flujo hacia las refinerías, generando un perjuicio logístico inmediato.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y las empresas operadoras subsidiarias iniciaron una evaluación técnica de emergencia para verificar que la maquinaria y los sistemas de control automatizado no hubieran sufrido sabotajes o daños estructurales durante la ocupación. Informes financieros preliminares estiman que el perjuicio por el volumen de producción diferido (crudo que se dejó de extraer y procesar) supera los 3,5 millones de dólares.
El sector privado cruceño, a través de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), condenó enérgicamente la toma de los pozos y recordó que la vulneración de la seguridad jurídica en áreas estratégicas del Estado ahuyenta las inversiones extranjeras y arriesga el normal abastecimiento de combustibles para el aparato productivo del país.
Resguardo militar y mesas de diálogo condicionadas
Tras consolidar el despeje de las vías de acceso y el perímetro del pozo, la Policía Boliviana estableció un cordón de seguridad permanente en los puntos críticos de las instalaciones. Asimismo, se coordinó con las Fuerzas Armadas el reforzamiento militar de otras plantas y estaciones de bombeo de la región para prevenir ataques o tomas réplica por parte de sectores radicales.
Desde el Ministerio de Gobierno se informó que el orden ha sido restablecido y que el Estado no cederá ante chantajes que pongan en riesgo los recursos energéticos de los bolivianos. No obstante, las autoridades abrieron la posibilidad de reinstalar mesas de trabajo técnico con el INRA y el Ministerio de Tierras para canalizar las demandas agrarias legítimas de los comunarios, siempre y cuando se garantice la total paz social y el cese de cualquier medida de presión en la zona.