La cúpula empresarial de Santa Cruz advierte que la pasividad estatal frente a los bloqueos de carreteras y la inseguridad jurídica está destruyendo el aparato productivo y asfixiando la economía formal. “El principio de autoridad no se negocia”, sentencian.
SANTA CRUZ — En una de las posturas más enérgicas y críticas de la gestión en curso, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) emitió un contundente pronunciamiento institucional dirigido al presidente de la República, Rodrigo Paz. La entidad matriz del empresariado cruceño exigió al Órgano Ejecutivo la aplicación inmediata de acciones ejecutivas firmes y el uso de las facultades constitucionales para levantar la parálisis vial y productiva que asfixia al territorio nacional.
El pronunciamiento se da en una coyuntura crítica marcada por más de un mes de bloqueos intermitentes de la Central Obrera Boliviana (COB), la reciente toma y desalojo violento de un pozo petrolero en la provincia Ichilo, y una galopante escasez de divisas y combustibles que amenaza con desmantelar el tejido industrial del país.

El manifiesto empresarial: “La pasividad es complicidad”
A través de una conferencia de prensa encabezada por su directorio en la capital oriental, la Cainco manifestó que el sector privado formal —el cual sostiene la mayor parte del empleo e ingresos tributarios del Estado— se encuentra en un punto de “no retorno”. La dirigencia empresarial cuestionó lo que denominan una “parálisis por análisis” dentro del gabinete de ministros, argumentando que la tolerancia gubernamental ante las medidas de presión ilegales está socavando la estabilidad democrática y económica.
“Asistimos con profunda consternación a un escenario donde las carreteras estratégicas del país se han convertido en tierra de nadie y las instalaciones energéticas son asaltadas bajo el pretexto de demandas sectoriales. El Gobierno nacional no puede seguir siendo un espectador pasivo ni un mediador tibio. Exigimos que se restablezca el principio de autoridad de forma inmediata. La ley y el derecho a la libre locomoción no se negocian”, reza el manifiesto oficial de la institución.
Los tres pilares de la exigencia corporativa
El documento presentado por la Cainco desglosa un pliego de requerimientos urgentes que, a criterio del sector industrial, deben ser ejecutados de inmediato por el Poder Ejecutivo para evitar un escenario de recesión técnica generalizada:
1. Garantía absoluta de libre transitabilidad
El empresariado exige el uso irrestricto de las fuerzas del orden público (Policía Boliviana y, de ser necesario, apoyo militar en zonas estratégicas) para desbloquear las rutas troncales y fronterizas de manera permanente. Señalan que las pérdidas acumuladas en el comercio exterior —que ya superan los 700 millones de dólares— están destruyendo contratos internacionales y ahuyentando de forma definitiva la inversión extranjera.
2. Seguridad jurídica para la inversión y la infraestructura estatal
Tras la reciente ocupación campesina de un pozo petrolero en Santa Cruz, la Cainco demandó penas severas y procesos penales inmediatos contra los instigadores de tomas de tierras e infraestructura estratégica. Advierten que consentir el sabotaje a los recursos energéticos arriesga de manera directa el abastecimiento interno de carburantes para la siembra y la cosecha agroindustrial.
3. Plan de contingencia macroeconómica real
La cámara empresarial instó al Ministerio de Economía y al Banco Central de Bolivia (BCB) a deponer los discursos paliativos y convocar de urgencia a un Gabinete Económico Público-Privado. El objetivo prioritario de este espacio debe ser el diseño de mecanismos realistas para la inyección de divisas norteamericanas al sistema financiero formal y la flexibilización de trámites aduaneros que permitan agilizar la importación de insumos industriales intermedios.

El impacto en el empleo y las proyecciones de crecimiento
El diagnóstico presentado por la Cainco coincide con las alarmas encendidas por otros gremios como el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) y la Cámara Nacional de Exportadores (Caneb). Las industrias manufactureras del eje central ya operan a un 40% de su capacidad instalada debido a la falta de materias primas varadas en las carreteras y a los racionamientos logísticos de diésel.
Los analistas de la institución privada advierten que, de mantenerse el actual ritmo de conflictividad y la falta de certidumbre vial durante el mes de junio, las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional sufrirán una contracción severa, poniendo en riesgo directo la estabilidad de más de 150.000 empleos formales en el mediano plazo.
Desde el Palacio Quemado, voceros del Ejecutivo han señalado que el Gobierno prioriza los mecanismos de concertación social para evitar derramamientos de sangre; sin embargo, el empresariado organizado ha dejado en claro que la paciencia del sector productivo se ha agotado y que el desacato civil no puede ser la norma que rija la economía del país.
