SOBOCE alerta sobre el impacto en la economía de la posible ejecución del fallo arbitrario en su contra y reclama su derecho a la tutela jurisdiccional efectiva

Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) alerta sobre el grave impacto que tendría, para la economía, el sistema financiero y para miles de empleos en muchos sectores, la ejecución de la sentencia que ordena a SOBOCE, de manera arbitraria, pagar cerca de 744 millones de bolivianos a FANCESA. La sentencia está siendo aún cuestionada en la Justicia Constitucional, que ya la anuló por graves irregularidades que no han sido reparadas, por lo que su ejecución coactiva sería un acto de irresponsabilidad.

La empresa es uno de los principales actores de la industria nacional y la normal continuidad de su actividad depende del mantenimiento de adecuados niveles de liquidez e inversión. Además, es un emisor vigente de valores dentro del mercado boliviano de capitales y mantiene obligaciones permanentes frente a tenedores de bonos, entidades del sistema financiero, inversionistas y demás participantes del mercado de valores.

“SOBOCE sostiene que ejecutar el fallo implicaría el pago de cerca de Bs 744 millones a FANCESA, mientras el caso continúa bajo revisión constitucional.”

Por otra parte, de ejecutarse esta sentencia, Bolivia sería el primer y único país del mundo en incluir el “daño al proyecto de vida” —concepto jurídico exclusivo de la persona humana para resarcir afectaciones a la libertad existencial de un ser humano—, como marco jurídico indemnizatorio en favor de una sociedad comercial, lo cual desnaturaliza la figura y abre una peligrosa compuerta a su aplicación arbitraria en contra de las empresas del país. Este precedente vinculante y obligatorio, que afecta severamente la seguridad jurídica, dificultaría el acceso del país al sistema de inversión y financiamiento internacional.

SOBOCE tiene derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como cualquier otra empresa, por lo que rechaza la campaña de amedrentamiento y presión social emprendida con la única finalidad de condicionar el actuar de quienes tienen la gran responsabilidad de resolver los procesos en curso en estricto cumplimiento del marco legal boliviano. A través de esta campaña de desinformación, se busca también sorprender al pueblo boliviano y a los ciudadanos de Chuquisaca con afirmaciones falsas y tergiversaciones de los hechos.

SOBOCE lleva 16 años reclamando justicia como consecuencia de la expropiación de sus acciones en FANCESA por parte del Estado de Bolivia, el que incumpliendo su propio Decreto (N° 0616 del 1 de septiembre de 2010), jamás pagó el justiprecio debido. Son 16 años de reclamo por vías legítimas al Estado Boliviano, que ha pagado otras expropiaciones, pero jamás esta. Ahora, con el impulso de FANCESA, a través de un proceso manifiestamente irregular (como ya en un primer momento ha sido confirmado por los tribunales constitucionales), se pretende quebrarnos con una indemnización insólita y carente de respaldo técnico y legal.

“La empresa afirma que aplicar el concepto de ‘daño al proyecto de vida’ a una sociedad comercial sentaría un precedente sin antecedentes a nivel mundial.”

Pedimos a toda la comunidad jurídica de Bolivia que lea detenidamente todas las resoluciones judiciales que forman parte de este asunto, empezando por la demanda inicial. Cualquiera puede comprobar la ausencia de coherencia y la inexistencia de base para la indemnización que se pretende, además de las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de SOBOCE, ya advertidas en el fallo constitucional pendiente de revisión.

El compromiso de SOBOCE con Bolivia es y ha sido inquebrantable. Además, se trata de una de las mayores inversiones extranjeras en el país. La consumación de esta arbitrariedad afectaría de manera irremediable la posibilidad de atraer inversiones extranjeras que posibiliten la anhelada reactivación de la economía del país. 

Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos, a todos los trabajadores, a nuestros clientes, proveedores y al sector de la construcción en su conjunto; a todos los profesionales del Derecho de Bolivia; a los agentes del sistema financiero; y a todo el tejido empresarial del país, para que estudien en detalle y con objetividad el grave riesgo al que esta sentencia, de convertirse en vinculante y obligatoria, expone al conjunto de la economía y la sociedad boliviana.